Era el año 1973. La Unión Popular Fueguina de Ushuaia y la Agrupación Vecinal de Río Grande llevaban sus propuestas políticas a sus respectivas comunidades. En la Tierra del Fuego se elegían candidatos a Diputados Nacionales, Intendentes y Concejales.
Ambos partidos políticos tenían una visión similar, sencilla, para abordar los problemas cotidianos de sus vecinos y una independencia de los lineamientos de los partidos tradicionales que les permiten peticionar a las autoridades del entonces Territorio o de la Nación misma con gran eficacia.
Eran tiempos políticos turbulentos. Años que arrastraban una democracia restringida por las proscripciones y por las interrupciones por golpes de estado.
La intolerancia para con el «otro político» fueron la consecuencia más visible en la sociedad argentina y la imposibilidad de valorizar en toda su dimensión la palabra «Democracia».
Como resultado del acto eleccionario del 11 de marzo de 1973, en Ushuaia, un Concejal de la Unión Popular Fueguina, Horacio Sandoval, integró el cuerpo deliberativo.
Alberto Vicente Ferrer fué, como ya se ha dicho, electo Intendente de Río Grande por la Agrupación Vecinal. Junto con él, se obtuvieron dos bancas en el Concejo representadas inicialmente por Ramón Balverdi, luego reemplazado por Jorge Mullins y éste, a su vez, sustituído por Ramón Vargas y Elena Rubio de Mingorance.
La gestión del Ejecutivo riograndense sufrió inicialmente desencuentros con integrantes opositores del Concejo Deliberante, donde no tenía mayoría propia, pero finalmente pudo desarrollar sus tareas con eficacia al servicio de los vecinos.
El golpe de Estado de marzo de 1976 marcó el fin de ese breve tiempo de normalidad institucional. Sin embargo, poco después y en una comunidad tan pequeña como lo era entonces Río Grande, las autoridades de facto repusieron a don Alberto Ferrer en su cargo, quien permanecerá en funciones hasta el mes de abril de 1981.
Ubiquémonos en ese tiempo y espacio: en 1972, Río Grande tenía 7700 habitantes, aproximadamente. En 1981, 17.000 y en crecimiento, al calor de la radicación de industrias al amparo de la Ley 19.640 y en el marco de una creciente desindustrialización del país por efecto de la apertura indiscriminada de importaciones y un acelerado endeudamiento externo.
Los avatares de una Nación convulsionada por la falta de un Estado de Derecho, las violaciones a los Derechos Humanos, la Guerra de Malvinas y una situación socio política cada vez más compleja, generaron las condiciones para la iniciación de un camino, ésta vez definitivo, hacia la restauración de la Democracia plena y soberana, el que desembocaría en las elecciones de 0ctubre de 1983.
Para esa instancia, la Unión Popular Fueguina y la Agrupación Vecinal decidieron formar una alianza electoral temporaria, como paso previo para una posible fusión definitiva en el futuro.
El crecimiento poblacional habilitó una cuota de mayor representatividad política institucional en el entonces Territorio. Si bien es cierto que su status jurídico hacía que el Gobernador fuera elegido por el Poder Ejecutivo Nacional, se preveía el funcionamiento de una Legislatura de 15 miembros, además de los Concejos Deliberantes de Ushuaia y Río Grande con sus respectivas intendencias.
Un nuevo tiempo se dibujaba en el horizonte.
Con una oleada inmigratoria incesante y vertiginosa que llegaba desde todos los puntos del país, el panorama social se hacía cada vez más complejo y las demandas de los nuevos habitantes, junto con las inquietudes postergadas de quienes pisaban éste suelo desde mucho antes, generarían un escenario desafiante para quienes deseaban gobernar la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur…
Allí dirá presente el Movimiento Popular Fueguino.